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México impulsará la inclusión de personas con discapacidad en la gestión de riesgos

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En México, las personas con discapacidad son un sector altamente vulnerable a los riesgos de desastre, como sismos, erupciones volcánicas o fenómenos hidrometeorológicos; sin embargo, solo 34.38% de las Unidades Estatales de Protección Civil tienen protocolos de acción para incluirlos en la gestión integral de riesgos.

Esto para atenderlos durante emergencias, incluirlos en simulacros, capacitarlos en temas de prevención o emplearlos en trabajos de protección civil como parte de los resultados preliminares del Diagnóstico Nacional sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, que presentó el Centro Nacional de Prevención de Riesgos (CENAPRED) para dar a conocer la situación normativa y las acciones de inclusión de las personas con discapacidad en la gestión de riesgos a nivel estatal.
“Es importante que los estados contemplen a las personas en la respuesta de la emergencia y en la reconstrucción porque durante una emergencia dentro de los inmuebles no saben cómo llevar a cabo protocolos de seguridad. Debemos estar bien preparados para actuar de la mejor manera”, afirmó Daniel González Hernández, jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres del CENAPRED.
Durante el “Foro Nacional SINAPROC Incluyente” organizado por el CENAPRED, Laura Mercedes García Sánchez, subdirectora de Vinculación con Estados y Municipios de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) detalló que el diagnóstico se realizó a partir del análisis de las 32 leyes estatales y de una encuesta de 20 preguntas enviada a las Unidades Estatales de Protección Civil (UEPC) de las 32 entidades federativas, donde hasta el momento han respondido 29 estados.


Las entidades que sí contemplan en sus protocolos de acción y en sus normas a las personas con discapacidad son: Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Colima, Morelos, Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán, por ejemplo, una de esas leyes es la Norma Oficial Mexicana (NOM) 008-SEGOB-2015 establece los requisitos que deben cumplir las dependencias y asociaciones públicas, privadas, académicas y sociales en favor de las personas con discapacidad en caso de fenómenos naturales o antropogénicos.

86% de las entidades respondieron que sí la conocen, a excepción de Coahuila, Colima, Morelos y Tamaulipas, la capacitación es clave para atender a personas con discapacidad.
Otro aspecto que indagó la encuesta fueron las capacitaciones que reciben y ofrecen los estados para atender a personas con discapacidad en situación de riesgos de desastre, 25 entidades obtuvieron capacitaciones de instituciones como el CENAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) para considerar a las personas con discapacidad en sus protocolos de atención, como talleres de lenguaje de señas mexicanas.
En cambio, los estados que imparten capacitaciones son menos, solo ocho estados han brindado talleres sobre los diferentes tipos de discapacidad, las técnicas de apoyo, el momento oportuno de evacuación en casos de emergencia y las medidas de alerta miento. A su vez, 10 estados brindan capacitaciones para atender a personas con discapacidad motriz y visual, psicosocial, auditiva e intelectual antes, durante y después de una emergencia.
Mientras que las entidades que no tienen normas para capacitar a personas con discapacidad para su autoprotección son: Chiapas, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Quintana Roo.
“Muchos estados no tienen normativas que especifiquen el tipo de atención que brindan a las personas con discapacidad, sin embargo, sí están realizando acciones”, señaló María Fernanda Cerda Silva, jefa del Departamento de Análisis y Diseño de Políticas Públicas del CENAPRED.
La funcionaria puso el ejemplo de Chiapas, donde las brigadas se enfocan en personas con alguna discapacidad, niños y adultos mayores durante los simulacros.

Por otro lado, los refugios temporales son importantes para recibir a la población afectada por fenómenos naturales o antropogénicos, aunque en el país no todos cuentan con infraestructura o sistemas inclusivos para personas con discapacidad.
De acuerdo con el Diagnóstico del CENAPRED, 12 estados tienen sistemas de alerta inclusivo sonoros y visuales, como el alertamiento en lenguaje de señas mexicanas, alertamiento en lectura fácil, entre otros.
Los refugios tienen brigadistas capacitados para atender a personas con discapacidad, además de productos como cobijas, pañales, colchonetas, servicios de atención médica y psicológica e infraestructura consistente en rampas, baños accesibles, sistemas de alertamiento sonoro y visual, y sistemas de lenguajes de señas mexicana.

“El objetivo no es evidenciar la falta de inclusión de personas con discapacidad en la gestión integral de riesgos, sino identificar las áreas de oportunidad en las que podemos proponer soluciones y políticas publicas”, mencionó Daniel González Hernández, del CENAPRED.
Una de esas áreas de oportunidad es impulsar la vinculación de las Unidades Estatales de Protección Civil con las organizaciones especializadas en el tema, por ejemplo, la CNDH o el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONADIS).

Para González Hernández, esto es importante porque ambos organismos trabajan de la mano para que sus acciones tengan influencia en la protección civil.
Por su parte, Laura Mercedes García Sánchez, de la CNPC, hace un llamado a los estados para que trabajen con los municipios y fortalezcan sus vínculos con los organismos que atienden a esa población, como DIF estatales o municipales, sociedad civil o instituciones de discapacidad en los estados, también añadió el CENAPRED apoyará a los estados con capacitaciones y aconseja que “las personas con discapacidad deben exigir capacitación en prevención de protección civil en las unidades administrativas donde se encuentran laborando y exigir a sus unidades estatales y municipales para que cuenten con estas capacitaciones, que deben ser gratuitas para todos” asegura.