Tras discusión de 10 horas, se aprobó la reforma a Ley de la Guardia Nacional, que armoniza su marco jurídico y que reconoce a la Guardia Nacional como una Fuerza de Seguridad Pública Profesional integrada con personal militar con formación policial que depende de la Secretaría de Defensa Nacional; y cuya función es ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La reforma también establece en el artículo 44, numeral III, la licencia especial que fija que el personal de la Guardia Nacional podrá asumir cargos de elección popular cuando el Ejecutivo Federal o el secretario de Defensa los nombre para el desempeño de una actividad ajena a la Guardia Nacional.
El artículo detalla que los militares nombrados podrán desempeñar actividades o empleos civiles en dependencias del Ejecutivo Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, en organismos descentralizados o empresas de participación estatal y otras dependencias públicas, siempre que esas actividades o empleos requieran separarse temporalmente de sus funciones de seguridad pública para estar en aptitud legal de desempeñarlos.
